Operación Líbero

De la investigación del grupo Bandenia al caso de Quique Pina

Detención de Quique Pina el pasado 31 de enero/EFE
Detención de Quique Pina el pasado 31 de enero / EFE

El origen de las pesquisas policiales contra el expresidente del Granada está en la declaración de otro empresario del fútbol en otra causa abierta en 2015

R. L. / Y. H. / Q. CH.

Para encontrar el origen del caso Pina hay que retroceder a 2016 y buscar en otra causa judicial: una investigación iniciada en 2015 por un posible delito de blanqueo de capitales vinculado a las actividades generadoras de fondos del grupo de empresas Bandenia, «con génesis en diferentes delitos previos» como el tráfico de drogas, estafas, corrupción internacional o delitos contra la Hacienda Pública.

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Así se desprende del auto que ordenó abrir la instrucción judicial del caso Pina, que fue dictado el 28 de diciembre de 2016 por el mismo órgano que llevaba el otro asunto: el juzgado central de Instrucción 5. El detonante fue la ampliación de una declaración prestada ante la Guardia Civil por otro empresario del fútbol, Omar Zeidán, que había sido detenido en el marco de las operaciones del grupo Bandenia. Zeidán, por decirlo en términos coloquiales, ‘cantó’ algunas de las presuntas irregularidades supuestamente cometidas por el exmandatario del club rojiblanco. Y los investigadores y el juez José de la Mata decidieron tirar del hilo. El magistrado de la Audiencia Nacional acordó abrir entonces unas «nuevas» diligencias previas contra el expresidente del Granada, el también empresario Gino Pozzo y el propio club rojiblanco «por delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales». Se iniciaba así el caso Pina.

Lo que Omar Zeidán narró quedó plasmado en un documento que puede entenderse la semilla de este asunto. «Estos hechos deben ser considerados como plenamente diferenciados y autónomos respecto de los que son objeto de investigación», dijo el juez antes de proceder al desglose. Las revelaciones apuntaban a la operación de compra de un barco británico –hoy amarrado en Puerto Banús, denominado ‘El Duende’ y cuya propiedad se atribuye a Pina– con 300.000 euros que supuestamente salieron del Granada. Se aportó por lo visto incluso copia de la orden de transferencia. Este ‘confidente’ atribuyó además a Pina una supuesta apropiación de fondos del Granada CF «mediante la falsificación de los certificados de obra de la construcción de la Ciudad Deportiva del Granada C.F., por importe de 1.000.000 de euros, utilizando al efecto la intermediación de una mercantil». También apuntó a la supuesta utilización de un entramado de sociedades vinculadas a Pina y a Pozzo –ahora bajo sospecha– para «adquirir los derechos económicos (90%) de jugadores de al menos tres ligas profesionales de fútbol en Europa (España, Italia y Reino Unido), en relación con los clubes Granada CF, Udinese Calcio y Watford FC, influyendo en los constantes traspasos de estos jugadores». Es más, de sus palabras se desprendía, según recoge el auto de 2016, que por esos futbolistas «se cobrarían comisiones, tributando únicamente por el valor del 10% del traspaso, al ser ese porcentaje el valor de los derechos federativos que retienen los clubes».

Durante 2017, ya en marcha el caso Pina –pero secreto para asegurar el buen curso de la investigación y de los pinchazos telefónicos– se sucedieron otras resoluciones y sustanciosos informes de la Agencia Tributaria. El objetivo era comprobar, por un lado, la veracidad del testimonio de Omar Zeidán, y por otro, delimitar los supuestos hechos delictivos y sus posibles responsables. Las primeras pesquisas se centraron sólo en Pina, Pozzo y el club granadino, pero conforme avanzaban las averiguaciones empezaron a aparecer otros nombres: los de quienes hoy comparten con ellos la condición de investigados. En este ‘listado’, cada vez más nutrido, están, por ejemplo, la hermana de Pina, sus padres, el gerente deportivo del Cádiz –antes del Granada–, el director deportivo del Cádiz o el que fuera vicepresidente económico del Granada.

Una de esas resoluciones de 2017 fue clave para centrar los hechos supuestamente delictivos a investigar. Se trata de un auto fechado hace hoy justo un año –el 24 de febrero de 2017–, y en el que el instructor determinó que el objeto del procedimiento era tanto la investigación de un supuesto blanqueo de dinero, como de ilícitos contra el erario público, a los que luego sumaría la presunta insolvencia punible en la relación de posibles ilícitos atribuidos, de momento de forma indiciaria, a Pina.

La entrada para registrar las dependencias del club en el estadio del Granada se produjo el 31 de enero. La llave fue un auto fechado ese mismo día y que señala que, supuestamente, los clubes Udinese Calcio, Granada CF y Watford forman «un triángulo mercantil cuyos rendimientos generados en la venta de jugadores se distrae de las respectivas Haciendas nacionales, y van a parar a un holding en Luxemburgo llamado Fifteen Securitisation S.A., con conexiones a su vez con otros dos holdings en el mismo paraíso fiscal», que serían las propietarias «reales» –indica el juez– del Udinese Calcio, también propiedad de Pozzo. En España, era Pina quien gestionaba el Granada y el juez quiere determinar si «tanto por dicha gestión como por la intermediación en las operaciones de traspaso de jugadores percibía una contraprestación económica». Esas supuestas comisiones, según creen los investigadores, «se percibirían a través de una serie de sociedades instrumentales»: Quique Sport, Calambur Intermediaciones y ADGB Sport.

En la causa se mencionan los traspasos al club inglés de los jugadores Daniel Pudil y Kechi Anya. Incluye estas operaciones concretas en los «riesgos fiscales» achacados al club y habla de que, si bien se hicieron sin contraprestación, se añadieron dos cláusulas por las que el Granada habría recibido 2 millones de euros del Watford. De ellos, el club transfiere 1.425.000 euros al holding luxemburgués. Sobre Pozzo, el auto indica que «podría haber sido el verdadero propietario del Granada. Sin embargo, no consta que formase parte del consejo de administración de la entidad». Para el juez de la Mata, la actividad presuntamente delictiva investigada puede considerarse «grave», tanto por las penas que puede acarrear, como por su «trascendencia social» dado «el elevado importe» de las transacciones hoy en el punto de mira.

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